El mundo natural sigue bajo asedio, una realidad extremadamente familiar para esta audiencia. A través de décadas de contribuciones en la ciencia, las políticas, el derecho y la abogacía, los Miembros de la UICN han ayudado a dar forma a la respuesta global de la degradación ecológica, la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la injusticia ambiental. Desde acuerdos internacionales hasta iniciativas comunitarias, sus esfuerzos colectivos han sentado las bases para el progreso. Sin embargo, los bosques antiguos siguen cayendo, los océanos se vacían, los suelos se degradan y el medio ambiente en general se vuelve cada vez más tóxico, mientras que los responsables no se enfrentan a ninguna responsabilidad real. El cambio sistémico ya no es opcional; es esencial.

En este contexto, la Moción 061: Reconocer el delito de ecocidio para proteger la naturaleza, será presentada ante la Asamblea de Miembros y merece la plena atención de todos los Miembros de la UICN.

La moción invita a la UICN a apoyar el reconocimiento del ecocidio como un crimen internacional bajo la Corte Penal Internacional. Es propuesta por Stop Ecocide International y copatrocinada por una docena de organizaciones, incluido el Ministerio de Cambio Climático de Vanuatu, la Fundación Gallifrey, el Earth Law Centre, la Bangladesh Environmental Lawyers Association y mi propia organización, The Wildlife Trusts, uno de los miembros fundadores de la UICN.

Esta moción no es simbólica. Es un paso necesario para establecer un límite legal, una línea clara que ningún actor podrá cruzar para causar daños importantes, generalizados o a largo plazo a la naturaleza sin enfrentarse a consecuencias penales. 

Las leyes ambientales existentes están fragmentadas, se aplican débilmente o están llenas de lagunas. Peor aún, muchas prácticas destructivas continúan no solo sin control, sino que están subvencionadas activamente, con al menos 2,6 billones de dólares anuales en apoyo mundial a actividades perjudiciales para el medio ambiente. Las herramientas legales a nuestra disposición no reflejan la escala o la urgencia de la crisis a la que nos enfrentamos. Reconocer el ecocidio como un delito, definido como un acto ilegal o injustificado, cometido con conocimiento del riesgo de daños ambientales graves y generalizados o a largo plazo, cerraría esta brecha en materia de rendición de cuentas.

Al apoyar esta moción, los Miembros de la UICN pueden ayudar a establecer un elemento disuasorio contra el daño ambiental a gran escala y proporcionar un marco para la justicia y la restauración. Al hacerlo, promoverán aún más la misión de la UICN: conservar la integridad de la naturaleza y garantizar que la protección del medio ambiente sea equitativa y efectiva. 

Es importante destacar que no se trata de criminalizar a las personas comunes o detener el desarrollo. Se trata de responsabilizar a aquellos cuyas decisiones causan devastación a gran escala, es decir, a los ejecutivos y los responsables políticos. Este enfoque nivelará el campo de juego para las empresas sostenibles, disuadirá de daños más graves y garantizará vías de reparación.

El impulso va creciendo. Algunos países, incluidos Bélgica y Francia, ya han adoptado el concepto de ecocidio en su legislación nacional, mientras que Ucrania ha resucitado una disposición legal inactiva y está procesando activamente algunos casos. Muchos otros están avanzando actualmente con su legislación, incluidos los Países Bajos, Perú, Argentina, Italia y Escocia, donde el Proyecto de Ley de Ecocidio (Escocia) se presentó formalmente en el parlamento la semana pasada. La Unión Europea ha adoptado una Directiva sobre delitos medioambientales revisada, que penaliza conductas comparables al ecocidio. También este mes, el Consejo de Europa adoptó un histórico Convenio sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal, dándole facultades a los Estados para enjuiciar actos “equivalentes al ecocidio”. Este tratado ya está abierto a la firma. A nivel internacional, una coalición de estados insulares del Pacífico y la República Democrática del Congo (RDC) ha presentado una propuesta formal para enmendar el Estatuto de Roma. Una norma global está tomando forma. 

Apoyar esta moción colocaría a la UICN en el centro de una transformación legal que cada vez tiene más eco en los tribunales, los parlamentos y las comunidades de todo el mundo. La encuesta Global Commons 2024 encontró que el 72% de las personas en las naciones del G20 apoyan que los daños ambientales graves sean un delito. 

Llevo tres décadas trabajando en el sector de la conservación internacional. Ahora dirigiendo The Wildlife Trusts, y anteriormente en Amigos de la Tierra y la Environmental Investigation Agency, he visto, tanto en el Norte como en el Sur Global, cómo las regulaciones existentes se quedan cortas. Como muchos de ustedes, he sido testigo de cómo incluso el trabajo más esencial se ve socavado con demasiada frecuencia por decisiones tomadas por los más poderosos de la sociedad, decisiones que la ley de ecocidio ayudaría a disuadir. Esta ley no es sólo una salvaguardia, sino un catalizador para un cambio sistémico. Apoyará los objetivos principales de la UICN y fortalecerá marcos globales como el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La naturaleza ha sido olvidada en el derecho penal internacional durante demasiado tiempo. Insto a todos los Miembros de la UICN a votar a favor de la Moción 061 para tomar posición a favor de la naturaleza, la justicia y el futuro de la vida en la Tierra pidiendo que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional. 

Para apoyar una discusión informada sobre este tema vital, se invita calurosamente a los Miembros de la UICN a un seminario web sobre la Moción 061: Reconocer el delito de ecocidio para proteger la naturaleza, que tendrá lugar el 17 de junio a las 3:00 p.m. Londres / 11:00 a.m. Brasilia / 8:00 p.m. Dhaka. Presidida por la profesora Christina Voigt, la sesión contará con distinguidos oradores, entre otros: 

• Antonio Herman Benjamin (Magistrado del Tribunal Superior de Brasil)
• Ian Redmond OBE (Biólogo tropical y conservacionista, Reino Unido)
• Syeda Rizwana Hasan (Asesora del Gobierno interino de Bangladesh)
• Gustavo Alanís-Ortega (Presidente del CEMDA, México)
• Nnimo Bassey (Defensor del medio ambiente, arquitecto y escritor)
• Profesor Nicholas A. Robinson (Profesor de Derecho Ambiental, Universidad Pace)
• Jojo Mehta (Directora Ejecutiva, Stop Ecocide International) 

Habrá interpretación simultánea en francés y español. 

Puede inscribirse en el seminario web aquí. https://bit.ly/4l04WSy