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Los humedales de alta montaña actúan como depósitos naturales de agua que regulan el flujo hídrico y sostienen una biodiversidad única adaptada a condiciones extremas. Son fundamentales para mitigar las consecuencias del cambio climático al actuar como sumideros de carbono y contribuir a la regulación climática regional, demostrando su importancia para la resiliencia ecológica y humana frente a los desafíos ambientales globales.
Sin embargo, las condiciones naturalmente extremas de los humedales de alta montaña son alteradas por el cambio climático y las crecientes presiones antrópicas -minería, expansión urbana y agrícola, cambios de uso de suelo, extracción ilegal de recursos, entre otras-, que avanzan sin políticas que garanticen su preservación, promuevan su uso sostenible y aseguren su defensa. Este vacío se agrava por la falta de evidencia sobre su importancia, funcionamiento y contribuciones, lo que dificulta la implementación de acciones para su conservación, gestión sostenible y restauración.
En efecto, en la “Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2021”, publicada por la Convención de Ramsar sobre los Humedales, los humedales de alta montaña corren un riesgo particular por los impactos del cambio climático, trayendo consigo consecuencias significativas para los servicios de los ecosistemas de los humedales, y ponen de relieve la urgencia de la gestión y restauración de los humedales, tanto para la mitigación como para la adaptación a sus efectos.
En ese contexto, las iniciativas de las autoridades, lejos de abordar sus causas estructurales —como el modelo de producción, el hiperconsumo, la expansión urbana y la inadecuada gestión de residuos—, y generar esfuerzos por reducir la demanda de bienes ambientales, como metales y minerales —muchos de ellos presentes en estos humedales—, en cambio, la profundizan para cumplir con las metas del modelo de transición energética actual.
Los países de altos ingresos tienen un consumo promedio de 27.2 toneladas per cápita de materiales, energía y minerales, aproximadamente el doble del promedio mundial de 12.3 toneladas. Para cubrir esta demanda, impulsan políticas y mecanismos que agravan la degradación de los ecosistemas y atentan contra la justicia ambiental, por cuanto violentan los derechos de las comunidades locales, a quienes se excluye de las decisiones sobre la gestión de estos ecosistemas, y que corren el riesgo de ser sacrificadas en nombre del progreso y la salvación climática.
En esa línea, es urgente desarrollar políticas de protección sólidas, basadas en el respeto de los derechos humanos, que garanticen la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas.